El Parque Nacional Yasuní, se encuentra en el oriente ecuatoriano, y forma parte de la cuenca amazónica más biodiversa. De hecho, se ha dicho, que una hectárea de bosque en el Yasuní, protege más potencial genético que el que hay en todo Estados Unidos, por ejemplo. Es además, el hogar de los pueblos Tagaeri y Taromenani, los últimos en aislamiento voluntario de Ecuador, y de los Huaorani, un pueblo decidido que ha hecho parte de la vida política ecuatoriana en los últimos años.
Al otro lado, Ecuador es un país dolarizado; dependiente, por tanto, del ingreso constante de divisas que provienen de varios sectores extractivos, principalmente el petróleo y la minería. Desde que se descubrieron, los yacimientos petrolíferos de Yasuni, iniciaron un debate en la sociedad ecuatoriana acerca de si el valor del área protegida en sí misma, era lo suficientemente alto, como para mantener esos yacimientos bajo tierra, debate que se decantaba cada año hacia la opción de la no explotación, según la sociedad ecuatoriana, valoraba crecientemente su patrimonio natural. Al menos hasta 2013.
En 2013, el entonces presidente Rafael Correa, acabo con el debate luego de declarar el fracaso de una polémica iniciativa que pretendía recaudar US$3.600 millones de la comunidad internacional en 13 años, en compensación por la no explotación. El fracaso, por otro lado, previsible, de esta iniciativa, chocaba con una voluntad popular decantada desde el inicio por la contención de la explotación. La voluntad popular se ignoró, y con la bandera de reducir la miseria ecuatoriana, el gobierno de ese entonces, ajusta el área de Yasuní, y se inicia la explotación petrolera. Al mismo tiempo se crea el colectivo YASunidos, y comienza una batalla legal de 10 años, para que la voluntad de la sociedad ecuatoriana se plasme en una consulta popular vinculante para el día de elecciones generales, el 20 de agosto de 2023. El día 21 se confirmaba. El 60% de Ecuador, no está de acuerdo con la explotación de petróleo en el Yasuní y las empresas tienen un año para abandonarlo. Victoria.
Esta victoria tienen una serie de consecuencias. No voy a detenerme en aquellas que directamente hacen a la preservación ambiental, o el daño directo que se ha hecho ya, porque de eso hay mucho escrito. Si quiero explotar dos elementos que hacen al proceso mismo de la consulta, y sus implicaciones para la democracia participativa y la lucha ambiental en Latinoamérica.
La campaña por mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní se inició hace décadas desde YASunidos, y tuvo bases sólidas en la voluntad popular expresada, pero ignorada por varios gobiernos. Esta victoria era previsible. La campaña por el NO, tomó fuerza solo luego de que se hubieran agotado todas las opciones para detener la consulta. La estrategia a favor de la explotación del Yasuní, estaba fundamentada en que la consulta no se lleve a cabo. Una vez que la justicia le dio la razón al colectivo civil, se intentaron estructurar argumentos a favor de la explotación, basados por los efectos adversos que tendría la no exportación de petróleo sobre una economía dolarizada. Los argumentos responsabilizaban, a los impulsores del SI, de la reducción de gasto en salud; educación; y en particular, seguridad. Ecuador, un país históricamente pacífico, ha superado a México en la tasa de delitos violentos asociados al crimen organizado, y las elecciones se vieron fuertemente impactadas por el asesinato de uno de los candidatos.
Afortunadamente, la sociedad ecuatoriana es suficientemente inteligente como para notar que el Yasuní generó ingresos desde 2016. La tasa de criminalidad explotó desde 2019; y el gasto público destinado al sector social, no solo no fue impactado por los ingresos, si no que se ha reducido en proporción al PIB nominal. Es decir, se gasta menos en el sector social hoy, que antes del Yasuní. ¿Por qué creerían que ahora sí habría una mejora en el gasto público, si no la hubo en 2016 o 2017?
La victoria del Si en la consulta popular, implica que los próximos gobiernos en el Ecuador, no pueden seguir eludiendo su responsabilidad de generar un desarrollo económico como el que su población quiere. Ya no podrán favorecer opciones extractivas “fáciles”; de baja capacidad distributiva; y propensas al corporativismo y la corrupción. Países como el Ecuador, pero también cualquier otro que se te ocurra en la región, están secuestrados por sectores corporativizados de enorme poder económico. La luz que da esta consulta, viene de una sociedad que hace mucho que ha dejado de ver los beneficios de estos privilegios, y exige a su país enfrentarse a los retos actuales de formas creativas e inclusivas.
Temo que quienes más sufrieron los resultados de la consulta (o a quienes más escuché sufrir, vean por ejemplo la entrevista que DW le hizo a Vicente Albornóz) fueron los economistas, de quienes esperaría más bien una especie de euforia ante una de las preguntas más intelectualmente desafiantes. ¿Cómo lograr el desarrollo económico de la forma en que la sociedad actual lo necesita y quiere? Yo tuve la poca fortuna de escuchar a reputados intelectuales en mi país, que al mismo tiempo que hablan de medio ambiente cuando buscan fondos, celebran cada vez que encuentran oro en algún área protegida. La consulta en el Ecuador representa un enorme cambio generacional, e internacionalmente, abrió una puerta que, afortunadamente, va a ser difícil de cerrar.
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