El 2 de marzo de 2016, en un lugar llamado La esperanza, personas armadas se metieron en la casa de Berta Cáceres y la mataron de varios disparos. Tenía cuatro hijos.
El crimen pronto adquirió relevancia internacional, Berta había ganado poco antes el premio Goldman Environmental Price, el más prestigioso para activistas ambientales. La victoria que le había llevado a ganar tal notoriedad, fue lograr que el “gobierno” hondureño desista de la construcción de la represa de Agua Zarca, un complejo hidroeléctrico a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA; financiado por el banco holandés FMO; y ejecutado por la bien conocida empresa china Sinohydro, ambas terminaron desistiendo luego de la presión ejercida sobre un proyecto cuestionado desde todos lados.
El crimen hubiera quedado impune de no ser porque todos habíamos escuchado sobre Berta. Admirábamos su trabajo, y compartíamos el deseo de un futuro nuevo. Una investigación internacional independiente determino la responsabilidad de funcionarios del “gobierno” hondureño (incluidos policías y militares), junto con ejecutivos y empleados de DESA. Sin la presión internacional, el de Berta sería otro de los más de 120 asesinatos a activistas ambientales que desde 2010 han quedado en impunidad en Honduras, un país que por otro lado, no es capaz de resolver el 90% del total de los delitos que ocurren dentro de sus fronteras.
El día 5 de marzo, nos despertamos con la noticia de que Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA, era detenido mientras intentaba huir del país. Con él, otras ocho personas irán a juicio por matar a la defensora del río. Por esas mismas fechas, una gran imagen de Berta presidia la mesa de negociaciones, que luego aprobaría el primer Acuerdo Regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, conocido ahora como el cuerdo de Escazú.
El Acuerdo, cuyo objetivo es Fortalecer la Democracia Ambiental en la región del mundo que más defensores ambientales pierde cada año, es vinculante para las 24 naciones que lo han firmado ya, lo que lo hace completamente inédito, aun estando lejos de ser perfecto. Al firmarlo, los gobiernos se comprometen a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana, y la justicia en temas ambientales, lo que implica el desarrollo de un ambiente seguro para que los pueblos indígenas defiendan sus territorios; los ciudadanos defendamos nuestras áreas protegidas; o que entre todos exijamos un cambio de modelo económico y productivo que asegure que nuestra herencia natural sea disfrutada por nuestros hijos y nuestros nietos.
Es por supuesto, exagerado pensar que esas 24 naciones implementarán el Acuerdo en su totalidad, desde ahora y para siempre. Comprendamos que a menudo, los abusos, el exilio, y la muerte, son patrocinados por el silencio y la inacción de los gobiernos, o como en el caso de Berta, directamente por sus acciones. Aquí mismo, va a costarme mucho creer que el gobierno de mi país, garantizará a los indígenas del TIPNIS que sean escuchados en su reclamo porque una carretera no divida en dos una de las áreas protegidas más ricas del país; o que democratizará la decisión de construir hidroeléctricas o explotar petróleo en la cuenca de Madre de Dios; o tal vez poner a consulta ciudadana la deforestación que vendrá como consecuencia de la reciente decisión de promover la producción de Etanol.
Impulsar megaproyectos extractivos (donde fuera), no puede venir acompañado de otra cosa que no sea autoritarismo. Y a su vez éste, de corrupción. El Acuerdo de Escazú es un paso importante en la dirección correcta, pero la voluntad de aplicarlo es la verdadera prueba para las sociedades que merecemos un mejor futuro, y creemos que es posible de lograr.
Si quieres saber más, aquí tienes la página del observatorio sobre el cumplimiento del Principio 10, el que dio forma al Acuerdo de Escazú; y aquí, un manual en pdf sobre la importancia del Principio 10 en nuestro día a día.
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